Un paciente que sufrió un acortamiento del pene de seis centímetros después de la operación que se le practicó para corregir la curvatura del mismo y que, además, no puede realizar el coito por el tamaño en el que ha quedado, ha reclamado una indemnización de 67.600 euros en el Servicio Murciano de Salud (SMS) por mala práctica médica.
En su demanda, el paciente asegura que ha sido víctima de la atención recibida en el hospital de Cartagena donde se llevó a cabo la intervención quirúrgica, puesto que previamente nadie le advirtió de los riesgos que asumía con la misma y que le han supuesto, asegura, «un auténtico calvario».
Y añade que además de todo esto se le ha generado una disfunción eréctil y la operación tampoco ha servido para evitar los dolores que sufre durante la erección.
La demanda ha sido sometida al preceptivo dictamen del Consejo Jurídico de la Región de Murcia (CJRM), que se ha pronunciado en contra de su estimación al declarar que no existe una relación de causalidad entre el mal alegado y el funcionamiento de los servicios públicos, necesario para que surja la responsabilidad patrimonial de la Administración.
Comenta este órgano consultivo que a lo largo de las diferentes consultas a las que acudió se le informó sobre la posibilidad del acortamiento del peneal ser una situación que se produce en gran número de casos de intervenciones por la corrección de la curvatura peneana.
El reclamante se refirió también en su petición indemnizatoria a la frustración que sufrió cuando, derivado por la Sanidad murciana y tras muchas vicisitudes, acudió al hospital La Fe de Valencia y le dijeron que la suya situación era irreversible y que el acortamiento del miembro viril no tenía solución posible.
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