Las dificultades para acceder libre y gratuitamente a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) y el acceso a la anticoncepción de urgencia son las dos principales vulneraciones en materia de derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, según un informe de la Asociación Derechos Sexuales y Reproductivos que recoge un centenar de denuncias recibidas por la entidad durante el año 2022. El Observatorio destaca que estos derechos viven un momento «crítico», aunque se engloban dentro de los derechos humanos. Por eso, la entidad considera que la falta de reconocimiento y garantía de los mismos es «violencia institucional».
Sobre la interrupción del embarazoel Observatorio afirma que en Cataluña hay dificultades de acceso por no tener la tarjeta sanitaria, por la edad, y dificultades a la hora de elegir el método o acceder a la información. Por ejemplo, casos de mujeres a las que se les dio cita a un mes vista para abortar, «cuando es un proceso en el que se necesita rapidez».
En cuanto a la anticoncepción de urgencialas dificultades se dan tanto en centros públicos como en farmacias, e incluso en el 061. Los usuarios se han encontrado con situaciones en las que no se les ha dado acceso a ninguna opción anticonceptiva de urgencia o se les ha negado el acceso en la anticoncepción de urgencia con eficacia de hasta cinco días. También se les ha ofrecido información errónea sobre un supuesto tope para acceder a hasta tres tratamientos al año o se les ha dicho que no pueden acceder después de un aborto. En algún caso en el que no se podía ofrecer la anticoncepción por tema horario no se han ofrecido alternativas. El Observatorio apunta que existe la idea errónea de que es necesaria una valoración previa por parte de sanitarios y que los menores de 16 años no pueden acceder.
También se han detectado vulneraciones en todo lo relacionado con las infecciones de transmisión sexual (ITS). Una de las situaciones más habituales es el no abordar de forma urgente una posible ITS, a veces se da una atención de juicio y de forma más puntual se han reportado casos de denegación de cribados por tener relaciones entre dos mujeres, la falta de disponibilidad de test VIH en las farmacias, o bien la dificultad para acceder a un tratamiento de profilaxis postexposición sin tarjeta sanitaria. A un estudiante que no tenía se le pidió un pago por adelantado para acceder.
Además, hay quejas por la atención recibida en centros sanitarios en relación a otros temas como las dificultades de acceso al DIUlos macetas de embarazola rehabilitación del suelo pélvico o las técnicas de reproducción asistida.
El Observatorio ha recibido este año también casos de desamparo en la atención psicoemocional en violencias sexuales y dificultades en el acceso a la vacuna de la viruela del mono.
La entidad denuncia el hecho de que en muchos casos se culpabiliza a la persona que pone la queja y esto dificulta que ésta pueda ejercer sus derechos de participación en la mejora del sistema. Por ejemplo, un caso de violencia obstétrica por el que se puso una queja hace meses y que todavía no ha recibido ninguna respuesta.
Cuatro de cada 10 abortos se derivan a clínicas privadas
El 37% de los abortos sufragados por la Generalitat entre el 2020 y julio del 2022 se realizaron en centros que no forman parte del sistema sanitario integral de utilización pública (SISCAT).
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