El objetivo es evitar que el texto vuelva a ser revisado por la Comisión de Justicia, sino que sea devuelto al punto de partida.
El Partido Popular (PP) ha reafirmado su compromiso de luchar contra la ley de amnistía utilizando todos los recursos legales disponibles. Sin embargo, a pesar de sus declaraciones, el partido se vio obligado a ceder ante Vox y buscar la orientación de los asesores del Senado, donde tienen mayoría absoluta, sobre las consecuencias de no tramitar la ley. Ahora, el PP, liderado por Alberto Núñez Feijóo, buscará el amparo del Tribunal Constitucional (TC) para evitar una repetición de la votación en la que los «noes» ganaron sobre los «síes» debido a la oposición de Junts.
Los populares defienden que tienen motivos de sobra para exigir que la ley de amnistía regrese a sus etapas iniciales, lo que retrasaría aún más su aprobación. En lugar de que regrese a la Comisión de Justicia, como se espera, el PP solicitará al Tribunal Constitucional que intervenga y evite una nueva votación en el Congreso, lo que significaría comenzar desde cero.
Para avanzar en su lucha, el PP presentó un escrito de reconsideración a la Mesa del Congreso el jueves pasado. En caso de que la presidenta del Congreso rechace esta petición, el partido conservador explorará todas las vías posibles para frenar el proceso y recurrirá al Tribunal Constitucional en busca de amparo.
Antes de recurrir a los tribunales, el PP espera a que la Mesa del Congreso examine su solicitud de reconsideración el próximo martes. En esa reunión, el órgano de gobierno del Congreso podría abrir un periodo de 15 días para programar una sesión de la Comisión de Justicia y revisar el texto de la ley.
Sin embargo, es improbable que la solicitud del PP sea aceptada, por lo que es muy probable que recurran a los tribunales para evitar una nueva votación en el Congreso y tener que comenzar de nuevo.
Este conflicto del PP con la presidenta del Congreso no es nuevo. Acusan a la presidenta de tomar la decisión de devolver la ley a la Comisión de Justicia sin tener en cuenta a nadie. A su juicio, el hecho de que la ley no haya sido aprobada en el Congreso debería anular todo el proceso, a pesar de que el Congreso haya dado luz verde al dictamen emitido por la Comisión de Justicia.
El PP se basa en el artículo 131.2 del Reglamento del Congreso para argumentar que la ley no obtuvo mayoría absoluta y recibió más votos negativos que positivos. Además, citan el artículo 79.2 de la Constitución, que establece que los acuerdos del Congreso deben ser aprobados por la mayoría de los miembros presentes.
En resumen, el PP está dispuesto a utilizar todos los recursos legales posibles para frenar la ley de amnistía y evitar que vuelva a la Comisión de Justicia. Su objetivo es que el Tribunal Constitucional intervenga y anule una posible nueva votación en el Congreso. Esta controversia con la presidenta del Congreso no es nueva y el PP se basa en argumentos legales para respaldar su posición.
