Distintos organismos como Hacienda, Seguridad Social y Banco de España han rubricado un convenio que estará en funcionamiento a partir del primer trimestre de 2024 y que tendrá como propósito amalgamar información de empleados pertenecientes a estos sectores.
El pasado mes de febrero, diversas instituciones públicas de España, incluyendo la Seguridad Social, Hacienda, el Banco de España, el SEPE y el INE, firmaron un acuerdo conjunto para permitir el acceso combinado e integrado a los registros y bases de datos de ciertos trabajadores que son considerados de interés público. Esta iniciativa tiene como objetivo optimizar los recursos del Estado y beneficiar a los trabajadores.
Este acuerdo se enfoca principalmente en los trabajos científicos realizados por los investigadores y se espera que esté plenamente operativo para el primer trimestre de 2024, lo que significa que a partir de la próxima primavera será posible acceder a esta información de manera sencilla.
Además de facilitar el acceso a los datos, esta plataforma conjunta de bases de datos también tiene otros propósitos. Desde el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, dirigido por Elma Saiz, se enfatiza la importancia de garantizar la confidencialidad de la información, la protección de los datos personales, el respeto a la ley y el secreto estadístico en el acceso a estos registros.
La operativa de acceso al nuevo sistema de base de datos conjunta estará determinada por una comisión de seguimiento formada por representantes de las organizaciones públicas mencionadas. Esta comisión será responsable de evaluar cada solicitud de acceso, tomando en cuenta criterios como el interés social de los resultados de la investigación, el perfil y trayectoria científica de los investigadores principales y asociados, así como el historial de proyectos de investigación de la entidad que respalda el proyecto.
Es importante destacar que, en algunos casos y dependiendo del régimen de confidencialidad y del marco legal aplicable, podría ser necesario administrar la solicitud de acceso a los datos combinados utilizando un centro seguro en alguna de las instituciones firmantes.
El acuerdo firmado no solo se limita a las instituciones ya mencionadas, sino que está abierto a la participación de otros organismos públicos que deseen adherirse. Esto implica que el número y tipo de trabajos de investigación que pueden beneficiarse de este sistema para el interés público aumentarán significativamente.
En resumen, este acuerdo conjunto entre diversas administraciones públicas españolas representa un paso importante en la optimización de recursos del Estado y en el beneficio para los trabajadores. El acceso combinado e integrado a los registros y bases de datos de ciertos trabajadores de interés público facilitará la realización de investigaciones científicas, asegurando al mismo tiempo la confidencialidad de la información y la protección de los datos personales. Además, la apertura del acuerdo a otros organismos públicos permitirá un mayor alcance de este sistema para el beneficio de la sociedad en general.
