Un total de aproximadamente 45.000 trabajadores del sistema judicial han decidido recurrir a los tribunales con el propósito de garantizar uno de sus derechos: tener cobertura en la Seguridad Social para poder asegurar una pensión de jubilación de mayor cuantía.
Los funcionarios de Justicia luchan por su derecho a cotizar en la Seguridad Social y mejorar su pensión de jubilación
Alrededor de 45.000 funcionarios de Justicia se encuentran en una batalla legal para poder ejercer uno de sus derechos fundamentales: poder cotizar en el Régimen General de la Seguridad Social, lo que podría tener un impacto positivo en el monto de sus pensiones de jubilación. Incluso están considerando llevar su caso hasta el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea (TJUE) si es necesario.
Es importante destacar que aún hay funcionarios que cotizan en el Régimen de Clases Pasivas del Estado, aunque desde enero de 2011, todas las nuevas incorporaciones al sector público se han realizado a través de la Seguridad Social.
Esta demanda de los funcionarios de Justicia se basa en la idea de que el cambio a la Seguridad Social representaría una ventaja económica significativa, ya que podrían aumentar sus pensiones de jubilación de alrededor de 300 a 1.000 euros mensuales, según informa elEconomista. Entonces, ¿por qué sus solicitudes tienen tan poco éxito en los tribunales españoles?
La raíz de esta lucha por mejorar la cantidad de las pensiones de jubilación proviene de una sentencia emitida el 25 de enero de 2024, en la cual un magistrado señala que las normas existentes, como la Ley del Régimen de Clases Pasivas y la Ley del Mutualismo Judicial, no permiten la opción de elegir en qué sistema contributivo quieren cotizar para su pensión.
Como indica el magistrado, «su aplicación no depende de la voluntad de las partes, ni de los tribunales de Justicia. Ningún órgano de la administración tiene autoridad para reconocer el derecho que los funcionarios reivindican, ya que obtuvieron su puesto estatal antes del 1 de enero de 2011».
El reconocimiento de este derecho de elección solo es posible si el caso llega al Tribunal Constitucional y este dictamina que la adscripción a las Clases Pasivas, si no se puede mover al Régimen General, es inconstitucional, específicamente si viola el artículo 14 de la Constitución Española.
Ante la negativa de los tribunales españoles, los funcionarios afectados están planeando llevar su caso ante la justicia europea. Hasta el momento, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha emitido más de 14 sentencias entre enero y febrero de 2014, todas desestimando los recursos de estos funcionarios y rechazando reconocerles un complemento para equiparar sus pensiones con las que habrían obtenido de haber cotizado en el régimen general.
