El Ministerio de Trabajo analizará la posibilidad de incrementar el monto de la prestación para personas mayores de 52 años, tal y como abogaban los sindicatos.
El proceso de reforma del subsidio por desempleo en España ha experimentado un contratiempo tras la derogación del Real Decreto-ley 7/2023 en el Congreso, donde los votos en contra de PP, Vox y Podemos impidieron su avance. Sin embargo, esta suspensión no será permanente, ya que el Gobierno necesita aprobar esta reforma para acceder al cuarto desembolso de los Fondos Europeos. Con este objetivo en mente, el Ministerio de Trabajo ha comenzado negociaciones con la patronal y los sindicatos desde este mismo lunes.
Es importante mencionar que, previamente, el Ministerio de Trabajo no incluyó a los agentes sociales en el diseño del decreto, lo cual fue criticado tanto por los empresarios como por los sindicatos. Los primeros consideraban que el nuevo sistema no motivaba lo suficiente a las personas desempleadas a buscar empleo, mientras que los segundos se oponían a la reducción de las cotizaciones del subsidio para mayores de 52 años, así como a la cuantía establecida, la cual consideraban insuficiente.
Respecto a este último punto, el Gobierno podría ceder, según las declaraciones del secretario de Estado de Trabajo y Economía Social, Joaquín Pérez Rey. «El Gobierno está dispuesto a explorar todas las medidas que puedan obtener el respaldo del diálogo social a esta reforma», afirmó, cuando se le preguntó si estarían dispuestos a aumentar la cuantía del subsidio. De esta manera, el Ministerio de Trabajo está abierto a considerar dicho aumento.
En este sentido, los sindicatos proponen eliminar el Indicador público de Rentas con Efectos Múltiples (IPREM) como base para establecer las cuantías del subsidio y vincularlas al umbral de pobreza. Según ellos, las cuantías actuales «se han alejado demasiado de los umbrales de pobreza», por lo que proponen este nuevo parámetro para asegurar que sean lo suficientemente dignas. Sin embargo, este no es el único tema a discutir durante las negociaciones.
Por otro lado, otro punto polémico de la reforma del subsidio es la decisión del Gobierno de reducir la base de cotización del subsidio para mayores de 52 años. Hasta ahora, este subsidio era el único que permitía a los desempleados seguir cotizando para la jubilación, siendo el porcentaje del 125%. Sin embargo, la reforma contemplaba un recorte del 5% cada año hasta 2028, reduciéndose de forma definitiva hasta el 100%. Esta reducción fue lo que llevó a Podemos a votar en contra del Real Decreto.
Joaquín Pérez Rey ha aclarado que este tema se discutirá «dentro de diferentes alternativas», aunque los sindicatos comparten con el Ministerio de Trabajo la opinión de que «no se puede tratar de la misma manera» esta sobrecotización con un salario mínimo de 700 euros que con el actual de 1.134 euros brutos mensuales. El secretario de Estado ha afirmado que el recorte en la cotización del subsidio es consecuencia de la revalorización al 54% del Salario Mínimo Interprofesional desde 2019.
Además de estos puntos, se tratarán otras propuestas durante la reforma del subsidio. Los sindicatos abogan por una mayor protección para las personas que pasan a trabajar a tiempo parcial, respaldado también por la patronal. También proponen realizar cambios en el tránsito del subsidio al Ingreso Mínimo Vital (IMV) y mejorar el reconocimiento de la prestación a las trabajadoras transfronterizas de Ceuta y Melilla.
Por su parte, la patronal defiende la revisión de un punto de la normativa española que obliga a ofrecer un trabajo «de calidad, indefinido y con garantías» a los desempleados. Esta petición no es vista con buenos ojos por el Ministerio de Trabajo, ya que consideran que es una garantía fundamental que no debe ser revisada.
El Gobierno tiene un plazo de dos meses para aprobar la reforma del subsidio, por lo cual trabajarán con los grupos parlamentarios para afinar el proyecto de ley antes de llevarlo a las Cortes. Esto permitirá cumplir con el compromiso europeo en el menor tiempo posible.
