La solicitación de la extrema derecha es que se detenga el proceso de aprobación de la ley, mientras que los miembros del partido ‘popular’ aseguran que usarán todos los recursos dentro de los límites legales.
La relación entre el Partido Popular y Vox ha estado llena de tensiones en los últimos meses, especialmente en lo que respecta a la forma de abordar la cuestión de la amnistía desde la calle. Mientras que la ultraderecha respalda las protestas en Ferraz, la derecha insta a una forma más sosegada de reclamar la paralización de la medida de gracia. Sin embargo, en ocasiones les cuesta distanciarse del partido con el que gobiernan en muchas comunidades autónomas. Este enfrentamiento también se traslada a las instituciones en el día clave de la ley de amnistía.
Vox ha instado al Partido Popular a ser valiente y coherente con su postura de que la amnistía es inconstitucional y detener la tramitación de la ley utilizando su mayoría absoluta en el Senado. Sin embargo, el PP también enfrenta la presión de Vox, que llama a la rebelión contra el Gobierno y considera que los senadores del partido deberían ser los primeros en rebelarse.
Vox considera que el texto de gracia a los políticos catalanes es una enmienda al sistema democrático y al orden constitucional, por lo que solicita al PP que vaya un paso más allá y dé una respuesta excepcional a esta grave situación. En una rueda de prensa, Pepa Millán, portavoz de Vox, señala que el PP tiene una herramienta poderosa para frenar la amnistía y evitar que esta medida de gracia se haga a medida de Carles Puigdemont.
Por su parte, Miguel Tellado, portavoz del PP, defiende las concentraciones pacíficas en la calle y asegura que el partido utilizará todos los resortes disponibles dentro de la legalidad para abordar esta situación tremendamente grave en el Congreso. Sin embargo, no está dispuesto a incumplir la ley para parar una ley, y reta a Vox a entender que a veces hace planteamientos que el ordenamiento jurídico no contempla.
El Senado tiene la capacidad de vetar la ley, pero no de tumbarla. En caso de negarla, la ley volvería al Congreso para su entrada en vigor dentro de dos meses. Sin embargo, Vox quiere que la mesa, con el apoyo de los informes de los letrados y el Consejo General del Poder Judicial, vote en contra de la tramitación y deje que sea el Tribunal Constitucional quien se pronuncie al respecto.
El PP considera que la amnistía se aprueba en contra de la mayoría civil, los letrados del Congreso, el CGPJ y las opiniones de académicos y referentes de la sociedad civil. Critican al presidente Sánchez por colocar en la fachosfera a quienes se oponen a la amnistía, y consideran que la legislatura habría terminado hace dos meses sin esta medida. Consideran que la ley de amnistía es la más humillante de todas las afrentas y que el PSOE está desertando del constitucionalismo.
En resumen, el enfrentamiento entre PP y Vox continúa en torno a la ley de amnistía. Mientras que Vox pide al PP que detenga la tramitación de la ley, el PP promete utilizar todos los resortes legales para abordar la situación. El Senado puede vetar la ley, pero Vox quiere que la mesa y el Tribunal Constitucional se pronuncien en su contra. El PP considera que la amnistía es injusta y que el PSOE está desertando del constitucionalismo.
