Continúa la investigación de la fiscalía después de encontrar evidencia de delito en el procedimiento de licitación.
El Ayuntamiento de San Javier se encuentra bajo el escrutinio público después de que se revelaran indicios de irregularidades en el proceso de licitación para el servicio de abastecimiento de agua potable y alcantarillado. La decisión de adjudicar el contrato a Aqualia, una empresa con la que el alcalde José Miguel Luengo Gallego tuvo una relación laboral previa, ha generado sospechas de conflicto de intereses y posible prevaricación administrativa.
El hecho de que el alcalde también sea el presidente de la Mesa de Contratación del municipio, encargada de resolver los contratos públicos, añade una capa adicional de preocupación. Esto plantea interrogantes sobre si su antiguo empleo y su cargo actual han influido en la elección de Aqualia como la empresa adjudicataria. Diversos grupos sociales y partidos de la oposición han solicitado una investigación exhaustiva para aclarar cualquier posible conflicto de interés en el proceso de licitación.
La situación se ha vuelto aún más complicada debido a la intervención de la Fiscalía de Cartagena, que ha comunicado al Ayuntamiento y al alcalde que ha detectado indicios de criminalidad y posibles delitos de prevaricación administrativa. Aunque el alcalde ha intentado justificar la licitación, el análisis de la documentación disponible muestra que parte de la información no está accesible y que algunos informes relevantes están censurados por motivos de confidencialidad.
El partido de la oposición, Pleamar, ha señalado un posible conflicto de intereses entre la consultora externa encargada de evaluar las propuestas, Ingeagua, y el concurso público. Se ha descubierto que Ingeagua invitó a Aqualia a participar en el proceso de licitación, siendo esta empresa uno de sus clientes. Además, se ha revelado que la oferta económica de Aqualia supera considerablemente el límite permitido y se sitúa muy por encima de las ofertas de los demás competidores. Se ha notado una coincidencia frecuente entre Ingeagua y Aqualia en concursos pasados, donde Aqualia ya era la operadora seleccionada.
Antonio López-Alemán, líder de Pleamar, ha advertido al gobierno municipal sobre las consecuencias negativas que acarrearía la adjudicación del contrato si se lleva a cabo mientras el proceso judicial sigue en curso. Esto no solo sería nulo de pleno derecho, sino que también tendría implicaciones económicas y de reputación para el Ayuntamiento y sus ciudadanos.
Es inquietante ver cómo el interés político puede prevalecer sobre la transparencia y la equidad en el proceso de licitación de un servicio público tan importante como el abastecimiento de agua potable y alcantarillado. La ciudadanía de San Javier merece tener la certeza de que se han seguido los procedimientos adecuados y de que se han evitado cualquier posible conflicto de intereses. La investigación en curso por parte de la Fiscalía es un paso importante para garantizar la rendición de cuentas y restaurar la confianza en las instituciones locales.
